En 1973 se produce un quiebre a nivel nacional que indudablemente marca el trato recibirán los docentes. Lo primero que ocurrió en educación fue una verdadera "limpieza ideológica", aquellos profesores comprometidos con el régimen de la Unidad Popular fueron despedidos.  Se desarman los sindicatos de trabajadores y se articula un Colegio de profesores que, fundado en 1974, servía más bien como un organismo de control del profesorado más que un organismo impulsor de acciones profesionales. Para poder ejercer la docencia se obligó a los docentes a pertenecer a él. Por otra parte no existía autonomía de esta asociación pues sus autoridades eran designadas por el gobierno militar.

Esta es la época en que la imagen del profesor se fue perdiendo cada vez más. La educación de los docentes hasta 1974 fue realizada tanto por escuelas normales como por universidades. En ese año mediante el decreto 354 la junta militar terminaba con las escuelas normales, asignando sus recursos y finalidades formativas a las universidades. Sin embargo, dada la poca inversión que el gobierno realizó en educación, la formación del profesorado fue siendo cada vez más pobre e irregular. Esto se agrava en 1981 cuando se eliminan a  las pedagogías de aquellas carreras que poseen el rango de título universitario, dejando que cualquier institución de educación superior pueda formar docentes.

Del mismo modo, a los docentes se les consideró como funcionarios más del aparato estatal, al aplicarse para ellos el código del trabajo sin establecer ninguna distinción propia de sus funciones. Es más, la municipalización de la enseñanza practicada en los ochentas vino a desconfigurar mucho más la relación que se establecería con los docentes. Se les quitó todo privilegio obtenido y se les asignó como empleados de las  corporaciones municipales o de las corporaciones privadas, quedando su situación regulada única y exclusivamente por las leyes del mercado.

En el plano curricular, el gobierno militar estableció ciertos planes de estudio que eliminaban todo contenido ideológico. En sus primeras declaraciones de principios el régimen militar autodefine de inspiración humanista cristiana  y con principio de subsidiariedad (= neoliberalismo), bajo un “Gobierno autoritario, impersonal y justo”.[1] De todos esos planes el que mejor se vislumbra en su accionar es el principio de subsidiariedad, puesto que desde 1979 el gobierno militar insiste en un proceso descentralizador que irá pasando la responsabilidad de educar a manos privadas. Sin embargo, el estadio se reserva el privilegio de normar los principios que regularán los programas y planes de estudios vigentes. La educación se ha de centrar en formar personas para “ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas”.

Llegamos así a 1980, año en que el regimen militar establece su propia constitución la cual regulará jurídicamente su posición frente a este tema. Esto se complementa además con la publicación de distintos decretos que establecen la regulación de la educación en general:

1. Decretos. 4002-1980 y 300-1981: Se modifican los Planes y Programas de Ed. Básica y Media, respectivamente; 
   
2. Decreto Nº. 354 que reestructura la Educación Superior
   
3. Decreto Nº  13063-1980, que implementa la municipalización.
   

En general estos decretos privilegian la enseñanza privada en detrimento de la estatal; reducen la acción fiscal a un financiamiento subsidiario, a través de las subvenciones;  descentralizan el sistema, potenciando una municipalización;  modifican los Planes y Programas de estudio en conformidad a las directrices ideológicas del Régimen; entregan la habilitación de las instituciones de Educación Superior a la empresa privada y cautelan el control político de las estatales a través de Rectores designados y de representantes oficialistas en las Juntas Directivas; se  desarma a la antigua Universidad de Chile en múltiples universidades regionales, para descentralizar su educación y potenciar su autofinanciamiento[2].

Entre las acciones que se destacan del régimen militar está la creación del Premio Nacional de Educación en 1979, reconocimiento que se entregará cada dos años con el fin de estimular la docencia y la investigación en este campo.

De todas formas la administración militar estableció las bases de lo que sería la educación en chile, al menos en el ámbito administrativo financiero:

1. Los municipios del país (325 a esa fecha) comienzan a regir administrativamente la educación de forma que son ellos quienes contratan y despiden a los profesores y manejan la infraestructura que se posee. El ministerio de educación se limita a crear el currículo a aplicar, los textos de estudio y supervisar su correcta aplicación.
2. Se cambia la forma de obtención de recursos por parte de los liceos a través de la cancelación de una subvención por cada alumno atendido. Esta modalidad permite que los sectores privados puedan acceder a administrar sus propios centros educativos, tanto básicos como medios.
3. Por último se establece la posibilidad de que ciertas corporaciones de producción o gremios empresariales puedan administrar algunos liceos o instituciones de educación técnico-profesional, a través de convenios con el estado.[3]
   

[1] LA EDUCACION CHILENA BAJO EL REGIMEN MILITAR (1973/1989) Prof. Dr. Luis Rubilar Solis (UMCE) publicado en http://www.umce.cl/luruso/ED-MILIT.doc [visitado el 23/03/04]