Libertad de enseñanza: una forma bonita de decir privatización de la educación.

Todo el periodo previo a la constitución del ´80 fue marcado por un proceso permanente de desarticulación de la función educadora. Enmarcada en la doctrina de seguridad nacional se pudo eliminar de la educación todo rasgo democrático y participativo, estableciendo una visión autoritaria y nacionalista. De alguna forma, comienza a asentarse en los discursos de las autoridades la idea de que el sector privado ha de “apoyar” los esfuerzos por invertir más en educación.

Es así como la constitución de 1980, agrega al ya mentado principio de “subsidiariedad” otro principio igual de nefasto: “libertad de enseñanza”. En Chile la libertad de enseñanza se establecía desde los tiempos de la independencia como una forma de asegurar una educación de corte laico, independiente de la tradicional educación religiosa. Sin embargo en manos de esta constitución “libertad de enseñanza” venía a significar la capacidad que tiene cada ciudadano de aportar a la educación nacional en el marco del libre mercado, la seguridad nacional y la restricción de ideas.

A partir de ahí la educación comienza a descentralizarse, desentendiéndose el estado de la misma, pues pasa a ser parte de las municipalidades o de sostenedores privados que comienzan a crear liceos y escuelas de carácter subvencionado.

La subvención es el sistema que se crea para traspasar la educación a entes autónomos “descentralizados” que administran el sistema en forma económica y que no se responsabilizan por la calidad de sus resultados. En el fondo el estado paga por la manutención del alumno en clases, pero no por los resultados que él logre en ellas.

Tal cambio (entendido como un desentenderse de la educación), afectó significativamente dos aspectos que ahora se discuten:

1. Se precisó un cambio en el sistema de contratación de los profesores, reduciéndolos a meros funcionarios públicos. La única forma de consolidar el nuevo sistema administrativo pasaba por dejar a los profesores bajo el régimen de empleados particulares, lo que permitiría la privatización de la educación con sostenedores que contrataban la “mano de obra” docente. Si a eso se  le suma los que ocurre con el Decreto con Fuerza de  Ley nº 1 del 30/12/1981, en que a la pedagogía se le quita el nivel universitario, pudiéndose impartir esta carrera en cualquier instituto profesional; es viable pensar en una política de constante menoscabo a la dignidad del profesorado.
2. Pero por otra parte se hipotecó la calidad educativa. En ningún momento se analizó la capacidad de responder por la calidad de la enseñanza entregada, sólo por la cantidad de servicios dados. Chile es uno de los pocos países que entrega dinero a particulares y no exige resultados a cambio.

Está claro que en la arquitectura de la LOCE estaban presentes estos principios que manifiestan derechamente una oposición a una educación más solidaria, equitativa y de calidad.