La región de Antofagasta vive una situación de abandono. Por años y años, se ha contribuido al país con enormes riquezas producto del trabajo en la gran minería. Sin embargo tal riqueza ha sido a costa de precarias condiciones de salud para la población de sustenta y mantiene dicha actividad.
De alguna forma se ha instalado un pacto tácito de cambiar altos ingresos económicos para unos poco pobladores que trabajan en minería por la salud de sus familiares, en forma más acuciante de sus niños y ancianos. Un pacto que no beneficia al total de la población y que olvida uno de los mandatos básicos de nuestra constitución: todo chileno tiene el derecho constitucional de vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Desde hace años que la OCDE ha planteado la necesidad de establecer nuevos criterios de desarrollo económico, a través del concepto del Desarrollo Sostenible el cual invita a todos a entender que “el crecimiento económico solo no basta para resolver los problemas del planeta: los aspectos económicos, sociales y ambientales de cualquier actividad están vinculados” (OCDE 2008).
En el mundo entero se oyen voces que apelan a al racionalidad , al uso armónico de los recursos, al respeto y cuidado de la ciudadanía y el medio ambiente. Sin embargo tales voces al parecer no son escuchadas por las grandes empresas que se asientan en la región de Antofagasta.
Los movimientos sociales han logrado ir posicionando en tema en la agenda pública: temas como el material particulado en suspensión que van dejando por todas las comunas los camiones que van desde los yacimientos mineros a al puerto y que dejan toda una estela de contaminación, el acopio de concentrado de cobre y de otras sustancias peligrosas para el ambiente humano en zonas urbanas, la declaración de Calama y Tocopilla como zona saturada, la crisis por el agotamiento del recurso hídrico especialmente en la cuenca del río Loa, la contaminación por plomo o por arsénico, entre tantas otros son las realidades que día a día vive el ciudadano de esta región.
Desde hoy queremos pedir un nuevo trato: queremos que la producción minera sea sostenible y pueda actuar con respeto hacia los ciudadanos y el ambiente de nuestra región. Pero para ello es imperativo construir el gran mapa del desastre ambiental y de la deuda en materia de salud de la población, mediante los estudios que sean necesarios, para evaluar científica y objetivamente cualquier duda sobre una situación que no sea clara y transparente. Solo así podremos avanzar con seguridad hacia el futuro que cada vez se ve menos incierto para los ciudadanos de esta región.
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